El Senado aprobó el 10 de junio la ley de emergencia en discapacidad hasta 2027, pero el presidente Javier Milei la vetó el 4 de agosto. El proyecto propone regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas, entre otras. Para el Gobierno nacional, la iniciativa es “regresiva y asistencialista” y expresó preocupaciones sobre el costo fiscal. Por su parte, agrupaciones que nuclean a las personas con discapacidad, el martes 12 de agosto se movilizarán en todo el país.
Marcela Kriskovich es mamá de una persona con discapacidad y una de las dueñas de un centro educativo terapéutico en Corrientes. Además, es presidenta de la asociación civil Prestadores de Discapacidad Unidos. Habló con Las del Nea en Red y remarcó que esta decisión política afecta a uno de los derechos más básicos de la persona que es la salud.
“El veto a la ley significa que las personas con discapacidad se queden sin prestaciones”, dijo y detalló el valor de las pensiones y aranceles de los prestadores.
En cuanto a la gestión nacional, aclaró que “no estoy en desacuerdo con auditorías, sabemos que hubo pensiones mal otorgadas, pero no nos pueden poner a todos en la misma bolsa”.
“Hay una deuda histórica que tienen todos los gobiernos con discapacidad. Hay casos que se viralizan, de quienes comparten sus cuentas para medicamentos o sillas, son realidades muy tristes. También nos hiere mucho la falta de empatía de la sociedad, cuando politizan estas cosas”, expresó.
La referente del sector recordó los reclamos en la anterior gestión, cuando tomó la superintendencia, pusieron carpas y llegaron al ministerio de Economía. Siempre, hasta ahora, lo que se pide es el diálogo y consensuar “porque los que salen perdiendo son los que más necesitan”.
“No es una percepción, es una realidad. Esto no algo armado por los K, esto viene hace mucho tiempo. En lo que respecta a mí persona saben que fui crítica en la gestión anterior. Antes nos mentían, ahora ni eso. En la última marcha nos empujaron. Nos da mucha angustia. Tuve que calmar a las madres y referentes”, contó.
A su vez, remarcó que “la discapacidad está en terapia intensiva” y nombró todas las acciones que hizo, ella y otras personas, para visibilizar esta realidad. Una de ellas fue caminar desde Entre Ríos hasta Buenos Aires.
“Hablamos de derechos humanos, de la salud y también de la educación. Tienen que existir herramientas para lograr una verdadera inclusión para que los chicos logren sus metas. Hace mucho soy terapeuta, una de las chicas, Aymará, hoy es mi colega. Esto demuestra cuando nos ocupamos de manera temprana”, relató.
“Los que nos dedicamos a la salud mental sabemos que no nos vamos a enriquecer, pero la gratificación es impagable. Nunca vamos a bajar los brazos, buscaremos lo que es justo para nuestros hijos”, indicó.
El proyecto de emergencia establece:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
- Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia. Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
- Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
La movilización en Corrientes es el martes 12 a las 20 en plaza 25 de Mayo.
Programa completo: https://www.youtube.com/live/GRPId2xLkJ8?feature=share
Fuente: Chequeado.com
Sé el primero en comentar